Cuando en una sociedad, más o menos organizada y moderna, la gente opta por hacerse justicia por sus propias manos, es que el sistema de sanción no está funcionando adecuadamente.
El sistema de sanción de un país lo constituye la policía, en sus diferentes variantes de policía preventiva, policía administrativa y policía investigativa, el Ministerio Público, que pone en causa a los imputados de los delitos y los tribunales de justicia, que juzgan las causas y determinan las sanciones.
Por supuesto, luego sigue todo el sistema penal y penitenciario y las diferentes medidas de coerción social y judicial.
Para que exista conformidad en la población, este sistema tiene que funcionar como un reloj suizo. Si la policía no previene ni captura, o si al capturar los fiscales no actúan, o los jueces no ejercen su papel, de acuerdo al espíritu de justicia prevaleciente en una sociedad, entonces esa sociedad se rebela y expresa su insatisfacción tomando la justicia en sus manos.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término justicia significa desde el punto de vista filosófico, una virtud que se inclina a dar a cada uno lo que le corresponde, y desde el punto de vista del campo del derecho, justicia es sinónimo de razón y equidad.
Todo el mundo acepta que en Bolivia hay una diversidad étnica, lingüística y cultural; muchos vociferan a los cuatro vientos, otros lo invocan como una riqueza, quizás para abrir las puertas al turismo, al folclor, y para la gestión de ayuda internacional, pero son muy pocos los que aceptan que hay una diversidad jurídica, más bien, abundan los que niegan este extremo, y lo plantean como un desafío contradictorio y atentatorio a la doctrina universal del derecho en el mundo de la teoría jurídica.
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No pretendo con este trabajo poner en evidencia los grandes problemas de la administración de justicia penal, pues esto es ampliamente conocido en todos los ámbitos; sin embargo, quiero hacer un breve recorrido por algunos aspectos que considero necesario resaltar y que estimo, son los grandes temores en la funcionalidad de la justicia, en tanto un derecho humano.